Declaración final

africanjudges2018

Pontificia Academia de Ciencias

Cumbre de Juezas y Procuradoras Africanas

sobre la Trata de Personas y el Crimen Organizado

 

Casina Pio IV, Ciudad del Vaticano
12 y 13 de diciembre de 2018

La trata y el tráfico de personas son dos aspectos de un mismo crimen internacional, transnacional y complejo, que surge del crimen organizado. No dudamos en calificarlo como un crimen contra la humanidad; y, por lo tanto, imprescriptible.

Las Naciones Unidas incluye como Objetivo de Desarrollo Sostenible 8.7: “Adoptar medidas inmediatas y eficaces para erradicar el trabajo forzoso, poner fin a las formas contemporáneas de esclavitud y la trata de personas y asegurar la prohibición y eliminación de las peores formas de trabajo infantil, incluidos el reclutamiento y la utilización de niños soldados, y, de aquí a 2025, poner fin al trabajo infantil en todas sus formas”.

El continente africano, y especialmente África subsahariana, están particularmente afectados por este crimen. La pobreza, la indigencia, la falta de educación, la ignorancia, la falta de oportunidades de trabajo, la discriminación, los prejuicios de género y la exclusión social que sufren millones de personas, así como la mirada indiferente o cómplice de los gobiernos y la comunidad internacional, continúan agravando esta situación. A este respecto, el Papa Francisco y el Papa Benedicto XVI, y otros líderes religiosos, describieron al tráfico como la peor forma de exclusión, prueba de la “globalización de la indiferencia”.

El tráfico de personas se manifiesta a través de la explotación sexual y reproductiva, de la explotación laboral (a través del trabajo rural y del trabajo clandestino para marcas internacionales famosas); la pornografía infantil; el tráfico de órganos, los matrimonios forzados y el trabajo en condiciones de servidumbre.

Quienes cometen esos crímenes aberrantes violan la dignidad y la integridad inalienable de otras personas, explotando su situación de alta vulnerabilidad; los conciben como “instrumentos” para satisfacer su codicia; y, en consecuencia, “desechables”.

En este sentido, Su Santidad el Papa Francisco ha señalado que “Desgraciadamente nuestra sociedad está contaminada por la cultura del descarte, que es lo opuesto a la cultura de la acogida. Y las víctimas de la cultura del descarte son las personas más débiles y las más frágiles; y eso es realmente cruel” (29 de julio de 2016, Visita a Cracovia).

Es imperativo que los Estados realicen un fuerte compromiso para luchar coordinadamente contra este crimen y erradicar la corrupción y la complicidad de los poderes del Estado, fortalezcan la independencia judicial de manera que los jueces puedan decidir sin presiones, y los fiscales investigar sin obstáculos.

Insistimos en la necesidad de crear un fondo de compensación con el dinero y los bienes de los contrabandistas y traficantes, destinado a la completa reparación de las víctimas, proporcionarles vivienda y oportunidades para una vida digna.

Para cada una pueda contribuir a erradicar estos flagelos inaceptables, nosotras, las juezas y fiscales africanas que participamos en la Cumbre de Mujeres Jueces y Fiscales Africanas sobre Trata de Personas y Crimen Organizado, reclamamos acciones legislativas, políticas y judiciales concretas y eficaces que contribuyan a la prevención, castigo y erradicación de la trata de personas. Al mismo tiempo, recordamos nuestra responsabilidad de utilizar nuestra experiencia como funcionarias judiciales para promover medidas que garanticen que las víctimas de tráfico puedan convertirse en miembros plenos de la sociedad y tener una vida digna.

Legislación y Medidas Legales

Para combatir el tráfico de seres humanos, destacamos la necesidad de contar con leyes ágiles y universales para la prevención efectiva de la trata de personas; investigaciones sólidas y profesionales sobre estos crímenes; acusaciones imparciales basadas en pruebas fehacientes, verosímiles y fiables; y sentencias basadas en el sano juicio y, cuando corresponda, en un razonamiento jurídico innovador que garantice los derechos a proceso imparcial para el acusado, los derechos de las víctimas y la grave naturaleza de este delito, que puede ser un crimen contra la humanidad.

Procuramos garantizar el acceso gratuito a la justicia para las víctimas, adoptar medidas para impedir su revictimización, reconocer sus derechos (políticos, sociales y económicos), recuperar su libertad y dignidad, proporcionarles herramientas para su empoderamiento, su independencia económica y la reparación integral de los daños

Apoyamos modificaciones a la legislación existente, así como medidas legales que puedan:

  • Implementar en la legislación interna todos los convenios regionales e internacionales sobre tráfico de personas;
  • Implementar leyes específicas referidas a la prohibición del tráfico de órganos;
  • Ofrecer un programa de asistencia jurídica gratuita para las víctimas de trata de personas, así como para los acusados ​​de tráfico que no pueden solventar su defensa;
  • Proporcionar reparación a las víctimas de la trata de personas, incluyendo indemnizaciones, acceso a la educación, vivienda, orientación psicosocial, tratamiento médico e independencia económica;
  • Crear refugios seguros para las víctimas;
  • Crear un fondo de compensación especial para las víctimas;
  • Crear un registro común nacional e internacional de condenados (INTERPOL);
  • Implementar medidas procesales innovadoras en los tribunales que protejan a las víctimas y limiten la revictimización de las personas que han sufrido tanto. Las medidas pueden incluir: la admisibilidad de las declaraciones de las víctimas grabadas en audio o video, prestar declaración bajo un seudónimo, testificar detrás de una cortina, hacer que la sala de audiencia sea un lugar respetuoso para las víctimas, etc;
  • Crear incentivos, incluso en las leyes de inmigración, para que las víctimas hablen y se presenten;
  • Crear y fomentar medidas de cooperación  regional, nacional e internacional que permitan un mayor intercambio de información, experiencias y conocimientos;
  • Promover que las investigaciones de las fiscalías  respondan a las complejidades del crimen de tráfico de personas;
  • Desarrollar y compartir lineamientos entre los agentes judiciales y aduaneros, y entre los actores de la sociedad civil, para fomentar las mejores prácticas en las investigaciones y en los procesos judiciales;
  • Crear unidades especiales (investigaciones, fiscalías)
  • Crear tribunales especiales de tráfico de personas;
  • Realizar juicios rápidos;
  • Incorporar la perspectiva de género entre todos los actores judiciales e investigadores que enfrentan estos delitos;
  • Dictar sentencias que condenen a los culpables, dada la gravedad de este crimen y las consecuencias para las víctimas;
  • Desarrollar protocolos para el dictado de sentencias para estos delitos;
  • Dictar resoluciones para garantizar que los bienes del acusado sean congelados y confiscados, y ofrecer reparación a las víctimas;
  • Direccionar los activos confiscados hacia el tratamiento y recuperación de las víctimas, hacia sensibilización y concientización social, y hacia la formación y perfeccionamiento de los funcionarios judiciales y policiales, con el fin de combatir estos delitos de manera más eficiente y efectiva.

Política social / educación

  • Apoyar campañas creativas para concientizar sobre el horror sufrido por muchas personas que son contrabandeadas o traficadas hacia Europa, incluyendo radionovelas, revistas de historietas y reuniones municipales;
  • Brindar capacitación a personal policial, fiscales y jueces involucrados en el combate contra la trata de personas;
  • Sensibilizar y concientizar a otros actores sociales que puedan ayudar en la lucha contra la trata de personas, incluidos los empleados aeroportuarios y de estaciones de trenes y autobuses;
  • Promover un entorno sensible al género;
  • Recopilar datos relevantes de los casos, incluyendo procesos penales y condenas.

Es esencial evitar este crimen que roba la vida de miles de seres humanos en todo el mundo, y el futuro de pueblos enteros. Por esa razón, recomendamos la adopción del “modelo nórdico”, que ya ha sido implementado con éxito en varios países, al proyectar programas para combatir la prostitución, que consideramos un crimen contra la humanidad.

SIGNATARIOS

Susana Medina, Argentina
Binta Nyako, Nigeria
Hannah Okwengu, Kenya
Ayesha Malik, Pakistan
Helen Moronkenji Ogunwumiju, Nigeria
Roselyn Naliaka Nambuye, Kenya
Angela C. M. Rodrigues, Cape Verde
Maureen Adaobi Onyetenu, Nigeria
Vivian M. Solomon, Sierra Leone
Misitura Omodere Bolaji-Yusuff, Nigeria
Cecilia M. A. Olatoregun, Nigeria
Roydah Kaoma, Zambia
Anessie Banda-Bobo, Zambia
Birtukan Ayele Baza, Ethiopia
Sylvia Munyinya Okoh, Zambia
Mary Abounu Azumi, Nigeria
Ann Claire Williams, USA
Halima Mohammed, Nigeria
Anwuri Chikere, Nigeria
Ngozi Priscilla Emehelu, Nigeria
Luisa Dionisia Fernandes Chimbila Quinta, Angola
Priscilla Israel, Botswana
Mariama Owusu, Ghana
Agnes Murgor, Kenya
Elizabeth Macharia Mokobi, Botswana
Motlhalefi Baipaakanyi, Botswana
Sedina Agbemava, Ghana
Vicky Nabisenke, Uganda
Aubierge Olivia L. Hungbo Kploca, Benin
Sana Soltani, Tunisia
Anita Nyanjong, Kenya
Vitalina do Carmo Papadakis, Mozambique
Kankou Sangare, Mali
Hellen Onkwani, Kenya
Salima Rouhi, Morocco
Christine Njagi, Kenya
Feten Chakroun, Tunisia
Fiona Atupe Mwale, Malawi
Mary Dominica Kachale, Malawi
Ayaba Claire Houngan Ayemonna, Benin
Albert Phikani, Malawi
Jacqueline Joas ­Rugemalila, Tanzania
Afef Chaabane, Tunisia
Zione Ntaba, Malawi
Sophia Adelaide Wambura, Tanzania
Sr Eugenia Bonetti, Slaves no more, Italy

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